El nuevo acuerdo entre el Govern, ERC, Comuns y la CUP incluye por primera vez este tipo de contratos en la normativa de vivienda
Catalunya está a punto de implementar cambios decisivos en la regulación del alquiler, especialmente en lo que respecta al alquiler de temporada. Después de largos meses de debate y con una importante revisión de postura por parte del PSC, el Govern ha alcanzado un acuerdo con ERC, Comuns y la CUP para incorporar este tipo de contratos dentro del control de precios que establece la ley catalana de vivienda.
Aunque esta nueva regulación no supone la eliminación de los contratos de alquiler temporal, sí representa un avance significativo para limitar los abusos y el uso indiscriminado de esta fórmula, sobre todo en ciudades como Barcelona, donde se había convertido en un mecanismo frecuente para eludir la normativa vigente. El objetivo es poner orden en un mercado que, hasta ahora, ha funcionado en gran medida sin regulación ni límites claros.
Uno de los aspectos más destacados de este acuerdo es la diferenciación clara entre contratos de alquiler de temporada con uso residencial y aquellos con uso recreativo o turístico. Solo los contratos que tengan como finalidad el uso residencial estarán sujetos a los límites de precio establecidos por la ley. Por su parte, los contratos con finalidad recreativa o turística seguirán manteniendo libertad para fijar los precios.
Para asegurar esta distinción, la normativa exige que los contratos especifiquen claramente su propósito, y que el inquilino acredite que su residencia habitual está en otro lugar. Esta medida busca impedir que los propietarios utilicen contratos turísticos como una vía para evadir los controles de precios, lo que hasta ahora permitía fijar alquileres muy superiores al mercado legal.
Esta diferenciación también beneficia a colectivos específicos, como estudiantes o trabajadores temporales que necesitan un alquiler de corta duración con un coste regulado y justo. Así, la nueva ley contribuye a proteger el derecho a la vivienda de quienes requieren estabilidad, aunque sea temporal, en el mercado barcelonés.
Los contratos de alquiler temporal, pensados para estancias de hasta 11 meses por motivos laborales, académicos o vacacionales, seguirán siendo válidos, pero con una novedad crucial: deberán ajustarse a los límites de precios establecidos para las zonas de mercado tensionado, como gran parte de Barcelona.
Además, la ley introduce una medida específica para los alquileres de habitaciones dentro de un mismo piso. La suma total de las rentas individuales no podrá exceder el precio máximo que tendría el inmueble si se alquilara en su totalidad. Esta medida busca evitar sobreprecios en los alquileres compartidos, un fenómeno que afecta especialmente a jóvenes y estudiantes.
Para garantizar el cumplimiento de estas nuevas normativas, el acuerdo crea un cuerpo especializado de inspectores de vivienda. Estos profesionales tendrán la capacidad de revisar contratos, detectar cláusulas abusivas, y proponer sanciones, tanto a través de inspecciones documentales como presenciales. Esta figura es fundamental para reforzar la vigilancia en un mercado que ha mostrado múltiples irregularidades.
Por otro lado, el acuerdo contempla la creación de un registro de grandes tenedores, que incluirá tanto a empresas como a personas físicas con múltiples propiedades inmobiliarias. Este registro facilitará la fiscalización y el control de la propiedad, permitiendo una aplicación más efectiva de los impuestos correspondientes y limitando la especulación que dificulta el acceso a la vivienda.
Finalmente, se amplía la protección para las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas como Barcelona. Los plazos durante los cuales estos pisos no pueden pasar al mercado libre se prolongan entre 10 y 30 años, dependiendo del tipo de vivienda y del suelo donde están ubicados.
Además, para asegurar que estas viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan, solo las personas inscritas en el registro oficial de solicitantes de vivienda podrán adquirir estos inmuebles protegidos. Esta medida fortalece el acceso a una vivienda digna y evita que los pisos de protección oficial se conviertan en objeto de especulación.
En conjunto, estas medidas forman un paquete que la Generalitat espera que frene la especulación en el mercado del alquiler temporal y favorezca un acceso más justo y estable a la vivienda, especialmente en Barcelona, donde la presión sobre el mercado inmobiliario es más intensa.
Aunque todavía quedan retos importantes por delante, este acuerdo marca un avance crucial para ordenar un mercado que durante años ha estado en gran parte fuera del control normativo, beneficiando a compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios por igual.