El mercado de los pisos turísticos en Barcelona enfrenta un momento crítico. Los propietarios y empresas gestoras han iniciado una batalla legal contra la Generalitat, reclamando indemnizaciones millonarias por las medidas que afectan a estos alojamientos. Este conflicto podría transformar significativamente el panorama del alquiler vacacional en Barcelona y del sector inmobiliario en general.
El origen del conflicto está en el Decreto aprobado por la Generalitat en noviembre, que obliga a 47 municipios con alta tensión en el mercado de vivienda a redactar planes urbanísticos para regular los apartamentos turísticos. Si estos planes no se aprueban antes de 2028, las licencias de los pisos turísticos quedarán anuladas automáticamente.
En Barcelona, el alcalde Jaume Collboni ha dejado claro que seguirá esta estrategia, lo que pone en riesgo a casi 10.000 apartamentos turísticos con licencia en la ciudad. Estos representan el 40% de la oferta de alojamiento turístico en la capital catalana.
Hasta el momento, unos 1.500 propietarios y 25 empresas gestoras han solicitado compensaciones, alcanzando un total de 1.000 millones de euros, según la patronal Apartur. La media de estas reclamaciones es de unos 650.000 euros por piso, aunque se estima que el impacto total podría llegar a los 3.000 millones de euros solo en Barcelona. A nivel de Cataluña, las cifras podrían dispararse hasta los 7.000 millones de euros.
Estas indemnizaciones buscan cubrir tanto las inversiones realizadas en la compra y adecuación de las viviendas como las ganancias proyectadas que ya no podrán obtenerse.
La regulación de los pisos turísticos genera un debate profundo sobre el equilibrio entre la oferta de vivienda y el turismo. Por un lado, estas medidas buscan aliviar la presión sobre los residentes, mejorando el acceso a la vivienda. Por otro, los propietarios de apartamentos turísticos argumentan que la normativa vulnera derechos adquiridos y desincentiva futuras inversiones en el mercado inmobiliario en Barcelona.
El sector del alquiler vacacional en Barcelona se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen en los próximos años no solo afectarán a los propietarios y gestores de apartamentos, sino también a la atractividad turística de Barcelona y al equilibrio entre residentes y visitantes.
El sector de los pisos turísticos en Barcelona sigue en el centro de una polémica que no cesa. El decreto aprobado por la Generalitat no solo ha generado una avalancha de reclamaciones administrativas, sino que también se enfrenta a retos legales y políticos que podrían cambiar su futuro.
El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, ha descrito el decreto como una «expropiación encubierta», argumentando que retira derechos adquiridos al anular licencias de pisos turísticos. Alcántara ha animado al sector a movilizarse y presentar reclamaciones antes del 8 de noviembre, fecha límite para estas acciones. Según él, el perjuicio económico para los propietarios es evidente, ya que las licencias representan una inversión significativa y una fuente de ingresos legítima.
La directora general de Apartur, Marian Muro, ha subrayado que el decreto enfrenta además dos frentes legales adicionales: un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional y una investigación abierta por la Comisión Europea por presuntas infracciones de normativas europeas. Este panorama jurídico refleja la complejidad del debate sobre si los registros de viviendas de uso turístico son licencias, habilitaciones o declaraciones responsables. Para Muro, el debate es irrelevante: “Se trata de una habilitación administrativa y, por tanto, de una licencia.”
En el plano político, el sector mantiene esperanzas en que el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, revise y flexibilice el decreto. El texto fue aprobado por el anterior gobierno de ERC como un decreto-ley de urgencia, pero el PSC planteaba tramitarlo como una ley ordinaria para adaptarlo a las diferentes realidades de Cataluña. Alcántara ha solicitado reunirse con Illa para abordar posibles modificaciones, mientras critica la falta de diálogo con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Por otro lado, la consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, ha afirmado que el decreto no sufrirá modificaciones significativas, salvo ajustes puntuales en algunos municipios. Este posicionamiento pone de manifiesto la tensión entre las demandas locales y la visión global del gobierno catalán sobre la regulación de los apartamentos turísticos.
El presidente de Apartur también ha señalado una posible negociación entre el lobby hotelero y el alcalde Collboni. Según Alcántara, mientras los pisos turísticos enfrentan una regulación estricta, los hoteles han contribuido históricamente a la pérdida de suelo residencial, algo que, según él, no ha sido objeto de una supervisión comparable. Esta afirmación abre un nuevo frente en el debate sobre cómo equilibrar el acceso a la vivienda con el desarrollo del sector turístico.
El decreto de pisos turísticos no solo afecta a miles de propietarios, sino que también tiene implicaciones profundas para el mercado inmobiliario en Barcelona, el turismo y las economías locales. Las reclamaciones en curso, los recursos legales y las negociaciones políticas son solo el inicio de un proceso que marcará el futuro del alquiler vacacional en Barcelona y de la gestión de las tensiones entre residentes y visitantes.