El reciente Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que mantiene las medidas antidesahucios y establece un sistema de avales estatales para propietarios afectados por impagos, ha generado una gran controversia en el sector inmobiliario. Esta normativa, que pretende proteger a inquilinos vulnerables, plantea serias dudas entre propietarios e inversores sobre su eficacia y aplicabilidad real.
El decreto introduce una especie de seguro de impagos financiado con fondos públicos para garantizar el cobro de las rentas a los propietarios cuyos inquilinos sean declarados vulnerables. No obstante, aún no se han definido con claridad los criterios de acceso ni los plazos para percibir dichas compensaciones. En la práctica, esto genera incertidumbre en el mercado del alquiler, afectando la confianza de los inversores y reduciendo la oferta de viviendas disponibles.
Barcelona ha sido uno de los epicentros del fenómeno de la okupación en España. La nueva normativa podría agravar la situación, ya que muchos propietarios podrían optar por retirar sus inmuebles del mercado de alquiler tradicional ante la falta de garantías jurídicas para recuperar sus viviendas en caso de impago o okupación. Esta situación podría generar un aumento en los precios del alquiler y una menor disponibilidad de vivienda accesible en la ciudad.
Muchos propietarios han mostrado su escepticismo ante la eficacia del sistema de avales propuesto por el Gobierno. La experiencia previa con medidas similares en otros países, como Francia, ha demostrado que la burocracia y los retrasos en los pagos pueden convertir este mecanismo en una solución poco efectiva a corto plazo. Además, la normativa no aborda el problema de fondo: la lentitud del sistema judicial para resolver casos de okupación ilegal.
Expectantes ante la letra pequeña que incluirá el nuevo decreto, la Plataforma de Afectados por la Ocupación advierte, por su parte, de que la música no les gusta. «Para empezar, porque, salga como salga, este decreto no nos proporciona la recuperación de la posesión», subraya Ricardo Bravo. «Otra vez se deriva la responsabilidad hacia terceros y se deja patente que el Gobierno sigue sin invertir en vivienda pública y no dota a los servicios sociales de los recursos necesarios para hacerse cargo de las familias vulnerables», lamenta.
Además, el nuevo sistema de avales tampoco les ofrece confianza alguna, puesto que, en estos momentos, ya existe un sistema de compensación para propietarios que, sin embargo, «solo han cobrado entre un 5 y un 7%» de las víctimas. La razón es que, tal y como explica Ricardo Bravo, las compensaciones solo se pagan una vez que se ha producido el desahucio —por lo que hasta ese momento el casero tiene que asumir la ruina económica a la que le condena su inquiokupa— y, además, «se hace a unos precios estipulados que están muy por debajo de lo que se solicita».
La nueva normativa sobre okupación y protección de inquilinos vulnerables introduce más incertidumbre en un mercado ya tensionado, como es el inmobiliario en Barcelona. Si bien el objetivo es garantizar el acceso a la vivienda para los colectivos más frágiles, es fundamental que estas medidas no desincentiven la inversión inmobiliaria ni perjudiquen a los propietarios que cumplen con sus obligaciones. La seguridad jurídica y la confianza en el mercado deben ser prioritarias para evitar un impacto negativo en el sector.